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Foto: diariojuridico.com

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El Juzgado de Primera Instancia número 22 de Valencia ha condenado a Bankia a indemnizar con 41.550,76 euros a un matrimonio de edad avanzada, perfil minorista y ultraconservador que compró participaciones preferentes a su propia hija, empleada de Bankia.

Ni los propios empleados conocían las verdaderas características del producto. Creían, y así se lo transmitían a los clientes, que se trataba de un producto equiparable a un plazo fijo, sin ningún riesgo, con un rendimiento de en torno al 7% y, con la particularidad de que, a diferencia de los plazos fijos, si se cancelaba, no había penalización; sin embargo, se trataba de un producto de riesgo, inadecuado para este perfil de cliente, en absoluto asimilable a un plazo fijo y de duración perpetua.

Hoy, 15 de mayo de 2013, entra en vigor la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Esta Ley introduce medidas de mejora del mercado inmobiliario, mejoras en el procedimiento de ejecución hipotecaria y amplía el ámbito de aplicación y las características de las medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos que pueden ser adoptadas. Pero sin duda, la medida más relevante y novedosa es la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.

La Ley abre un plazo de un mes -que vence el 16 de junio- para que todos los procesos de ejecución puedan paralizarse y ser revisados por si pudieran contener cláusulas abusivas que exijan su retirada. La formulación del incidente de oposición tendrá como efecto inmediato la suspensión del curso del proceso hasta la resolución del incidente; pero, sin embargo, la ley no establece la obligación de que los Juzgados adviertan a los deudores de la apertura de este período, por lo que a muchos afectados les pueden vencer los plazos, pues pasada esa fecha ya no podrá formularse la oposición.

Se adjunta Anuncio del Consejo General de la Abogacía Española publicado en los medios más importantes del país, advirtiendo sobre este hecho.

La Sentencia nº 241/2013, del pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de fecha 9 de mayo de 2013, ha acordado, por unanimidad de los Magistrados, condenar a las entidades demandadas -BBVA, Caixa Galicia y Cajamar- y declarar la nulidad de la cláusula suelo.

A pesar de la buena noticia, el Tribunal Supremo, en Nota de Prensa de 20 de marzo, indica que "este pronunciamiento no comporta devolución de las cantidades ya satisfechas", asimismo, en Nota de Prensa de 9 de mayo, comunica que "la nulidad de las cláusulas no afecta a la subsistencia de los contratos ni a las cantidades ya pagadas".

Hoy, 11 de abril de 2013, se ha publicado el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.

Este Decreto-Ley establece varias medidas, entre las que cabe destacar las siguientes:

  • Se introduce la declaración de interés social, a efectos de expropiación forzosa del uso de la vivienda, por un máximo de 3 años, para asegurar la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circusntancias de emergencia social por estar incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria, estableciendo los requisitos para poder ser beneficiario de esta medida.
  • Se establece un procedimiento contradictorio para la declaración de vivienda deshabitada, creando un registro al efecto.

Si quiere saber cómo puede afectar este Decreto-Ley a las promotoras inmobiliarias, pinche aquí http://www.jmaa.org/%C3%A1rea-de-comunicaci%C3%B3n/art%C3%ADculos-de-opini%C3%B3n/item/32-%C2%BFc%C3%B3mo-afecta-a-las-promotoras-inmobiliarias-el-decreto-ley-6-2013,-de-9-de-abril.html

El pasado sábado, 23 de febrero de 2013, se publicó el RDL 3/2013 por el cual se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de Asistencia Jurídica Gratuita.

Viernes, 21 de Diciembre de 2012

Aplicación efectiva de la Nueva Tasa Judicial

El día 17 de diciembre comenzó la aplicación efectiva de la nueva tasa judicial, al publicarse en el BOE y entrar en vigor la Orden Ministerial que regula el formulario (modelo 696) para su presentación y pago.

El sábado 15 de diciembre se publicó en el BOE la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.

Hoy entra en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, sin embargo aún no se están pagando las tasas al no estar disponible en la Agencia Tributaria el formulario (modelo 696) correspondiente.